ATC 375/83
ATC 375/1983, de 30 de julio
Los demandantes fueron sancionados por su “Manifiesto de los cien” publicado en
diversos medios periodísticos, que no fue autorizado previamente por las
autoridades militares. El Tribunal se enfrenta por primera vez centralmente a
los límites de la libertad de expresión del militar que entiende oportunos por
la natural sumisión a la disciplina castrense, por lo cual estima que los
demandantes no ejercieron la libertad de expresión protegida
constitucionalmente.
TIPO: AUTO
REFERENCIA-NUMERO:375/1983
FECHA-APROBACION:30-07-1983
SALA: Sala Primera: Excmos. Sres. García-Pelayo, Latorre, Díez de Velasco, Begué,
Gómez-Ferrer y Escudero.
NUMERO-REGISTRO:499/1982
RECURSO-TIPO: Recurso de amparo.
EXTRACTO: Inadmisión. Libertad de expresión: límites. Fuerzas Armadas: ejecución
de los derechos y libertades públicas. Derechos fundamentales: disciplina
militar. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
DISPOSICION-CITADA:
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.
Artículo 1.
Artículo 1.1.
Artículo 10.
Artículo 10.1.
Artículo 11.
Artículo 20.1.
Artículo 62.h).
Artículo 8.1.
Artículo 9.1.
Artículo 97.
Ley 85/1978, de 28 de diciembre. Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Artículo 169.
Artículo 177.
Artículo 178.
Artículo 180.
Artículo 181.
Artículo 182.
Artículo 203.
Artículo 25.
Artículo 28.
Artículo 28.1.
Artículo 29.2.
Artículo 32.
Artículo 42.
Artículo 47.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Artículo 50.2.b).
Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio. Básicos de la Defensa Nacional y la
Organización Militar.
Artículo 26.
Ley de 17 de julio de 1945. Código de Justicia Militar.
Artículo 437.4. a).
Artículo 443.1.
MATERIAS:
Contenido constitucional de la demanda
Carencia.
Derechos fundamentales
Disciplina militar.
Disciplina militar
Derechos fundamentales.
Fuerzas Armadas
Ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Libertad de expresión
Límites.
PREAMBULO:
En el asunto de referencia la Sala ha acordado dictar el siguiente
AUTO
ANTECEDENTES:
I. Antecedentes
1. El día 22 de diciembre de 1982 tuvo entrada en el Registro General de este
Tribunal un recurso de amparo promovido por el Procurador de los Tribunales don
Luis Piñeira de la Sierra, en nombre y representación de don Rogelio González
Andrada, Capitán de Infantería, que participó en la redacción y difusión del
escrito conocido como “Manifiesto de los Cien”, documento que, a juicio del
recurrente, no significaba sino una reacción de un número determinado de
militares ante el hecho notorio de los continuados ataques de cierta prensa al
Ejército y que tuvo reflejo en la opinión pública a partir del día 8 de
diciembre de 1981 por haber sido facilitada su difusión a la Agencia Europa
Press. El documento en cuestión, que fue dado a conocer al Coronal Jefe del CIR
núm. 1 el día 18 de noviembre de 1981 y era conocido por el Ministerio de
Defensa, antes de su publicación, estaba dirigido a la opinión pública en
general y a los medios de comunicación social en particular y contenía siete
apartados que condensaban las actividades e informaciones públicas referidas a
las Fuerzas Armadas y siete puntualizaciones con las que se concluía indicando
que, “aunque reflejo de un sentir general, las hacemos a título personal y en
virtud de lo expresado en el art. 178 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas”.
Como consecuencia de la redacción y posterior difusión del documento, se abrió
al solicitante del amparo un expediente judicial, núm. 186/1981, que fue
resuelto por Decreto auditoriado de la Autoridad Judicial de la Primera Región
Militar, de fecha 18 de febrero de 1982, que impuso al Capitán don Rogelio
González Andrada cuatro meses de arresto militar como autor de una falta grave
de difundir “escritos contrarios a la disciplina o al respeto a la
Constitución”, prevista en el art. 437.4 a) del CJM.
Contra esta resolución interpuso el señor González Andrada recurso de queja ante
el Consejo Supremo de Justicia Militar, fundamentado en los siguientes
razonamientos: 1. Los firmantes en ningún momento pretendieron atribuirse ni
actuaron en representación de las Fuerzas Armadas, haciendo las manifestaciones
a título personal y en virtud de lo expresado en el art. 178 de las Reales
Ordenanzas. 2. El escrito no era, a juicio del recurrente, contrario a la
disciplina. 3. No se promovía en contra de lo dispuesto en el art. 97 de la C.E.
ni se acusaba al poder político del Estado de no respetar la autonomía de
organización y funcionamiento de los Ejércitos. La Sala de Justicia del Consejo
Supremo de Justicia Militar, por Auto de 22 de septiembre de 1982, desestimó el
recurso de queja interpuesto por el Capitán de Infantería don Rogelio González
Andrada y le impuso dos meses de arresto militar como autor de una falta leve de
“inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias”, prevista en
el art. 443 del CJM. En el Auto se razona que se han omitido los trámites
reglamentarios para el encauzamiento de las propuestas que han de seguir el
conducto regular, sin que puedan adoptar la forma de reclamación colectiva,
prohibida en el art. 203 de las Reales Ordenanzas.
2. La pretensión del amparo se formula para que, tras el cumplimiento de los
trámites procesales correspondientes, se dicte Sentencia por este Tribunal en la
que se declare y reconozca: a) Que la participación del señor González Andrada
en la elaboración, firma y entrega a la Agencia de Noticias Europa Press del
escrito conocido como “Manifiesto de los Cien” constituye un supuesto de
ejercicio del derecho fundamental de la persona a la libertad de expresión, de
conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. b) Que el Decreto
auditoriado del excelentísimo señor Capitán General de la Primera Región
Militar, de fecha 18 de febrero de 1982, que resuelve el expediente judicial
186/1981 y el Auto del Consejo Supremo de Justicia Militar, de 22 de septiembre
de 1982, resolutorio del recurso de queja formulado por el solicitante del
amparo, han sancionado ilícitamente el libre ejercicio del derecho fundamental
consagrado en el art. 20 de la C.E. y son, por ello, nulos de pleno derecho. c)
Que, en consecuencia, ordene a las Autoridades competentes a estar y pasar por
tales declaraciones, dando a las mismas todos los efectos legales pertinentes.
La fundamentación jurídica del recurso interpuesto se centra en considerar que
la actividad del Capitán de Infantería don Rogelio González Andrada se mantuvo
en todo momento dentro de los supuestos constitucionales y legalmente previstos
para el ejercicio legítimo del derecho de expresión, criterio que se basa,
extractadamente, en los siguientes razonamientos: 1. Con apoyo en la Sentencia
de este Tribunal, de 15 de junio de 1981 (fundamentos 7, 10 y 15), el art. 20.1
a) de la C.E. y los arts. 169, 177 y 178 de las Reales Ordenanzas, los límites
al ejercicio por los militares de los derechos civiles y políticos son: a) Los
impuestos por la C.E. (arts. 53.1 y 81). b) Los señalados en las Reales
Ordenanzas (art. 177). c) La necesidad de “autorización previa” en los supuestos
previstos en el art. 178 de las Reales Ordenanzas, con lo que sólo existe el
límite previsto en el art. 29.2 de la C.E., respecto al ejercicio del derecho de
petición, ajeno a este recurso, en relación con el art. 203 de las Reales
Ordenanzas. En suma, tanto del contenido normativo expuesto como de la
jurisprudencia alegada, se extrae la consecuencia de que no existen limitaciones
específicas aplicables a la libertad de expresión reconocida para el ámbito
castrense por las Reales Ordenanzas, por lo que, el recurrente ejerció
individualmente el derecho a la libertad de expresión y las sanciones impuestas
violan el art. 20 de la C.E., interpretado a la luz de la jurisprudencia
constitucional (Sentencia de 16 de marzo de 1981, 31 de marzo de 1982 y 30 de
junio de 1982). 2. El recurrente en amparo actuó ejercitando los derechos
previstos en el art. 20.1 a) y d) de la C.E., teniendo en cuenta las pautas
interpretativas fijadas por el Tribunal Constitucional (en las Sentencias de 16
de marzo de 1981, 1 de junio de 1982 y 31 de marzo de 1982). 3. El art. 203 de
las Reales Ordenanzas, aprobadas por Ley 85/1978, de 28 de diciembre, no ofrece
fundamento para justificar la coerción del ejercicio de un derecho fundamental,
sino exige una interpretación acorde con la C.E. (Sentencias de este Tribunal,
de 8 de junio de 1981 y 28 de abril de 1982) y dicho precepto no tiene relación
con supuestos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión arts. 169, 177 y 178 de las Reales Ordenanzas), pues ello se deduce de
una interpretación sistemática de la norma, teniendo en cuenta que el objeto del
art. 203 es regular la tramitación de propuestas individuales de los militares a
sus superiores, en cuestiones relacionadas con el servicio y, al referirse este
precepto a “propuestas a sus superiores, haciéndolo individualmente”, prohíbe
las de carácter colectivo, que se presenten o no por el conducto regular. 4.
Carece de base la utilización que el Consejo Supremo de Justicia Militar hace de
este artículo para tratar de limitar el art. 20 de la C.E. En suma, concluye
esta parte, razonando en el escrito de demanda que, al calificar la conducta del
Capitán don Rogelio González Andrada en relación con el “Manifiesto de los Cien”
como una falta leve por “incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias”, al
Consejo Supremo de Justicia Militar atenta contra el derecho fundamental a la
libertad de expresión.
3. La Sección Segunda de la Sala Primera acordó, por providencia de 16 de
febrero de 1983, tener por parte en la representación que acredita de don
Rogelio Gonz lez Andrada, al Procurador don Luis Piñeira de la Sierra y hacer
saber al expresado Procurador la posible existencia del motivo de inadmisión de
car cter insubsanable, consistente en carecer la demanda manifiestamente de
contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional. Se
acordó conceder por la Sección un plazo común de diez días al recurrente y al
Ministerio Fiscal a fin de que, dentro de dicho término, alegaran lo que
estimasen pertinente.
A) El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, por escrito de 3 de marzo de 1983,
despachando el trámite conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 50 de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, formuló, en síntesis, las siguientes
alegaciones: 1. Ante todo, es necesario destacar que en el suplico de la demanda
de amparo se postula del Tribunal que dicte Sentencia en la que se declare y
reconozca: a) Que la participación del interesado en la elaboración, firma y
entrega a la Agencia de Noticias Europa Press del escrito conocido como
“Manifiesto de los Cien” constituye un supuesto del ejercicio del derecho
fundamental de la persona a la libertad de expresión, de conformidad con su
contenido constitucionalmente declarado.
El pedimento que aquí se contiene ofrece un claro aspecto meramente declarativo,
de calificación de una conducta y es obvio que el proceso de amparo no se
instaura para verificar declaraciones, sino para proclamar la lesión, en su
caso, de determinados derechos fundamentales y los medios conducentes al
restablecimiento del derecho.
En el mismo sentido se producen los pedimentos contenidos en los apartados b) y
c) de dicho suplico, puesto que se termina interesando se ordene a las
Autoridades competentes “estar y pasar por tales declaraciones, dando a las
mismas todos los efectos legales”.
Lo que no se pide en la demanda es el restablecimiento de un derecho fundamental
presuntamente lesionado y, como, según se afirma en la demanda, la sanción ya
fue cumplida, el restablecimiento del pretendido derecho vulnerado mal podría
atemperarse a los términos previstos en el art. 55.1 de la LOTC.
Con estas afirmaciones, puede, sin necesidad de mayor profundización en el tema,
afirmarse que, en efecto, estamos en presencia del motivo de inadmisión recogido
en el art. 50.2 b) de la LOTC.
2. Sin embargo, dada la repercusión pública del asunto que hoy se somete a la
consideración del Tribunal y la trascendencia del mismo para la propia
estructura militar, parece conveniente agregar sustancialmente las anotaciones
siguientes: a) La sanción definitivamente impuesta al interesado en el campo de
la disciplina militar no tiene su origen en el hecho de haber ejercido un
determinado derecho fundamental, sino en haberlo llevado a cabo por cauces no
apropiados, al margen de cuanto reglamentariamente al efecto se establece por
medio de las normas apropiadas.
Es indudable que el derecho a la libertad de expresión y difusión de los
pensamientos, ideas y opiniones que se consagra en el art. 20 del texto
constitucional no es un derecho absoluto, puesto que tiene sus limitaciones
genéricas: las que se deducen de los arts. 1.1, 9.1 y 10.1 del propio texto
constitucional, así como otras específicas, que se concretan en el art. 20.4 y
la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales ha de hacerse por la
vía de la Ley Org nica, como se desprende del art. 53.1 en relación con el 81.1
de la C.E., rango éste que no presentan las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas aprobadas por Ley de 28 de diciembre de 1978, cuestión en la que se
insiste en la demanda.
b) A juicio del fiscal, el concepto “inexactitud en el cumplimiento de sus
obligaciones reglamentarias” que en calidad de falta leve sirve de base a la
sanción, no es un concepto jurídico indeterminado, sino que se integra por aquel
cuadro de normas de conducta, de derechos y deberes que se especifican, tanto en
el Código de Justicia Militar como en las Reales Ordenanzas, de las que podemos
entresacar las disposiciones contenidas en los arts. 177, 178 y 203,
especialmente, y fue el cauce o medio seguido el que les enfrentó con la
institución militar misma, no la pretensión del ejercicio de un derecho que,
como se ha señalado, en esencia, no les negó la decisión del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
El Fiscal solicita del Tribunal Constitucional que se dicte Auto, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 86.1, por virtud del cual se disponga la inadmisión de
la demanda de amparo, al incidir en el motivo determinado por el art. 50.2 b) de
la LOTC.
B) Don Luís Piñeira de la Sierra, Procurador de los Tribunales y de don Rogelio
Gonz lez Andrada, por escrito de 7 de marzo de 1983, formula, en síntesis, las
siguientes alegaciones:
1. Después de hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
considera que la manifiesta carencia de contenido de la demanda deber apreciarse
en relación con alguno de los siguientes aspectos:
a) Que el acto del Poder público, origen de la conculcación de los derechos, no
estuviese sujeto a control jurisdiccional, ni de amparo.
b) Que la violación de los derechos y libertades, cuyo amparo se pretende, no
procediera de los actos del Poder público que fundan la demanda.
c) Que el petitum de la demanda no fuera congruente con la violación de derechos
recurrida o se solicitare del Tribunal pronunciamientos imposibles y distintos
de los señalados en el art. 55 de la LOTC, como contenido de la Sentencia de
amparo.
A continuación, analiza cada uno de estos contenidos y, extractadamente,
establece los siguientes razonamientos: 1. Se trata de un acto del Poder público
sujeto al control jurisdiccional y de amparo en el que queda acreditado el
sometimiento al control jurisdiccional de los actos de los que dimana la
violación de los derechos fundamentales de mi representado, cuya tutela se
solicita en este recurso y, a mayor abundamiento de cuanto antecede, se invoca
aquí la doctrina que respecto del control jurisdiccional de actos estrictamente
castrenses contiene el Auto del TC núm. 60, de 22 de octubre de 1980, y la
Sentencia del TC de 12 de mayo de 1982, en RA núm. 383/1981.
2. Se cumple en exceso (a juicio del recurrente en amparo) el requerimiento
jurisdiccional de que “al menos aparentemente” se deduzca de la exposición del
demandante una relación inmediata y directa entre violación del derecho y
actuación del Poder público (Sentencia del TC de 31 de marzo de 1981, RA núm.
107/80, Sala Primera).
3. El petitum de la demanda es congruente con los hechos en que se funda y con
los argumentos jurídicos que aporta.
Por otra parte, la demanda del presente recurso deduce claramente una pretensión
de restablecimiento.
2.) Según el art. 55 de la LOTC la Sentencia de amparo debe contener los
pronunciamientos solicitados en el escrito inicial de la demanda.
En suma, con términos del propio Tribunal Constitucional, “la invalidación de
los actos conculcadores de los derechos y libertades de los arts. 14 a 29 y 30.2
de la C.E. El reconocimiento de estos derechos, de conformidad con su contenido
constitucionalmente declarado y el restablecimiento del agraviado en la
integridad de su derecho y libertad, son contenidos posibles y desde luego,
obligados, si hubiese derecho a ello, de la Sentencia de amparo”. (STC de 26 de
enero de 1981).
Esta parte concluye solicitando del Tribunal que se admita la demanda
correspondiente al recurso de amparo núm. 499/1982, dándole la tramitación
oportuna.
FUNDAMENTOS:
II. Fundamentos jurídicos
1. El tema a decidir, para conocer si la demanda carece manifiestamente de
contenido constitucional que justifique una decisión, de fondo, por parte de
este Tribunal [art. 50.2 b) de la LOTC], se encuentra concretado por la
oposición adoptada en las resoluciones judiciales militares y pretensiones de
nulidad contra ellas ejercitadas, pues mientras aquéllas estimaron la presencia
de faltas castrenses, en la conducta determinada por haberse redactado, firmado
y publicado un manifiesto, contrariando la disciplina militar y omitiendo el
cumplimiento de obligaciones reglamentarias, al efectuarse manifestaciones
públicas no autorizadas, desconfiando de los superiores únicos receptores de la
queja, y omitiéndose el procedimiento a seguir a través del conducto regular,
que no podía adoptar forma de reclamación o petición colectiva, por hallarse
expresamente prohibida en el art. 203 de las Reales Ordenanzas Militares
(RR.OO), los recurrentes, por el contrario, entienden que tal proceder es el
mero ejercicio del derecho de libertad de expresión, reconocido en el art. 20.1
de la Constitución (C.E.), por no quebrantar el manifiesto ninguno de los
límites fijados en los arts. 177 y 178 de las citadas RR.OO.
2. El derecho fundamental de libre expresión y difusión de pensamiento, ideas y
opiniones, reconocido en el art. 20.1 de la C.E. no es, como parece innecesario
subrayar, un derecho absoluto o ilimitado, sino que se encuentra sometido a
límites específicos -cual los señalados en el núm. 4 de dicho art. 20-, y
genéricos, explícitos o implícitos cuales los precisados en los arts. 1.1, 9.1 y
10.1 de la C.E. y en el art. 26 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional y
Organización Militar 6/1980, de 1 de julio, derivada del art. 8.2 de la propia
C.E., que remite a las RR.OO. para las obligaciones, normas de conducta, deberes
y disciplina del personal militar, con el contenido señalado en los arts. 169,
177, 178 y 203.
Todo bien o valor constitucionalmente reconocido puede representar, en supuesto
de conflicto, un límite para otros bienes o valores. En principio, la Ley
efectúa la ponderación necesaria para armonizar los diferentes bienes e
intereses constitucionalmente relevantes, y a este Tribunal compete corregir, en
su caso, los errores que pudiera cometer el legislador al efectuarla.
Segundo empleo claro del institucionalismo en el marco de los derechos haciendo
referencia directa a la disciplina
No puede caber duda que, dada la importante misión que a las Fuerzas Armadas
asigna el art. 8.1 de la C.E., representa un interés de singular relevancia en
el orden constitucional el que las mismas se hallen configuradas de modo que
sean idóneas y eficaces para el cumplimiento de sus altos fines, de garantizar
la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y su
ordenamiento constitucional. A tal fin, la específica naturaleza de la profesión
militar exige en su organización un indispensable sistema jerárquico,
manifestado en una especial situación de sujeción enmarcada en la disciplina,
que impone una precisa vinculación descendente para conseguir la máxima eficacia
y el factor de precisa conexión que obliga a todos por igual -como claramente se
deriva de lo dispuesto en los arts. 1, 10 y 11 especialmente, así como en el 25,
28, 32, 42, 47, 177 y 203 de las RR.OO-.
Disciplina que indudablemente condiciona el ejercicio por los militares de las
libertades públicas realizadas a través de acciones colectivas en determinados
supuestos, como lo demuestra que la Constitución expresamente permita que se
limite o excluya del ámbito del derecho de sindicación a los miembros de las
Fuerzas Armadas en el art.28.1,y, lo que es m s decisivo para este caso, les
vede el ejercicio colectivo del derecho de petición en el art. 29.2, estando con
ello en consonancia lo previsto en los arts. 180, 181 y 182 de las Reales
Ordenanzas, al prohibir en amplio espectro a los militares el ejercicio
colectivo de determinados derechos de carácter político-social.
Sentado lo precedente, ha de entenderse conforme a la Constitución el contenido
del art. 203 de las RR.OO., sometiendo las peticiones de los militares a sus
superiores a un régimen restrictivo: exigiendo se lleven a cabo individualmente
y por conducto regular, y sólo permitiendo que, previa autorización, se recabe
el parecer de otros compañeros, así como prohibiendo en todo caso la
presentación de reclamaciones o peticiones colectivas.
Es indudable, por ello, que la infracción de tales límites hasta ahora
expuestos, mediante escritos colectivos procedentes de militares, puede
determinar tanto la comisión de la falta grave prevista en el art. 437.4 a) del
Código de Justicia Militar (“difusión de escritos contrarios a la disciplina o
al respeto a la Constitución”), si así se justifica por su contenido,
estimándola existente el Decreto auditoriado del Capitán General de la Primera
Región Militar, como subsidiariamente determina la presencia de la falta leve
tipificada en el art. 443.1 del propio texto legal punitivo (“inexactitud en el
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias”), como resolvió el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
3. En el caso presente, como la resolución judicial de dicho Consejo se
fundamentó en que el derecho de libertad de expresión se hallaba limitado por lo
dispuesto en el art. 203 de las RR.OO., que es el específicamente aplicable al
supuesto de examen, como veremos, este Tribunal debe examinar si así realmente
sucede, sin que deba dilucidar si los hechos realizados pudieran haberse
subsumido, con mejor adecuación típica, en normas penales de superior entidad
punitiva.
El manifiesto se dirigió “a la opinión pública en general y a los representantes
de los medios de comunicación social en particular”, “a título personal y en
virtud de lo expresado en el art. 178 de las Reales Ordenanzas”, pudiendo
parecer a primera vista que no contenía ninguna propuesta, solicitud o
reclamación dirigida a la superioridad, ni que se tratara de un escrito
colectivo, cuando es lo cierto que contrariamente se dice actuar como “Cuadro de
Mando de las Fuerzas Armadas”, y que la acción individual desapareció ante el
agrupamiento de numerosos firmantes en acción colectiva y por el modo plural en
que se halla redactado, derivándose de su contenido claramente, que el
destinatario real y m s importante era también la superioridad militar de los
firmantes, y ello no sólo por la velada censura que de su contenido se desprende
para aquella superioridad, al afirmar que no era sensible a la actuación de
cierta prensa con sus críticas erróneas, deformadoras, peyorativas por
antimilitares, despreciativas para símbolos y valores nacionales y castrenses, y
con sus ataques, insultos y calumnias, no reaccionando contra ellas de manera
apropiada, sino, además, porque sólo a la superioridad competía la decisión de
“profesionalizar, democratizar o depurar” a las Fuerzas Armadas, y porque la
quinta de las afirmaciones conclusivas contiene una admonición al “poder
político”, al que se significa que “debe respetar la necesaria autonomía del
Ejército”, aludiendo bien a las Cortes Generales o al Gobierno, o a ambos a la
vez, ya que es evidente que tal poder representa constitucional y legalmente
dicha superioridad de los firmantes, a los que en términos imperativos se hacen
llegar propuestas o reclamaciones, pues es indudable que la publicidad del
escrito pretendió servir de medio -no siendo precisamente el m s discreto y
respetuoso- para que las ideas y peticiones llegaren a su destino.
Por otro lado, el manifiesto supuso la absorción de funciones trascendentes por
su mismo alcance material y situación conflictiva provocada, haciéndose los
firmantes representantes del Instituto Militar y ocupando tácitamente el lugar
propio de los Órganos de Mando Superiores del Ejercito -art. 62 h) y 97 de la
Constitución, y 10 y 11 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio-, a quien
indudablemente correspondía juzgar si existía el improcedente ataque y cómo
defenderse del mismo, no quebrando con la exposición de la libertad de
pensamiento la necesaria disciplina garantizada expresamente en el art. 177 de
las RR.OO., cuando la única facultad que podían aquellos firmantes ostentar era
dar a conocer individualmente las razones de insatisfacción que sentían,
exponiéndolas en debida forma y con detalle a sus naturales Jefes Superiores,
cumpliendo lo dispuesto en el art. 203 de las mismas Ordenanzas, para que
pudieran éstos comunicarlas a los Altos Jefes del Ejército para su decisión, lo
que indudablemente sería el mejor procedimiento para los presuntos males
expuestos, cumpliendo así con la necesaria discreción, compatible con la debida
protección a la defensa de los valores militares, resultando de la misma demanda
-como en el punto tres se reconoce- que no se les había otorgado representación
alguna para actuar como lo hicieron, y que luego de comunicar oficiosamente el
propósito de redactar y publicar el manifiesto al Coronel del CIR, quien quedó
en consultarlo particularmente con el Capitán General, prescindieron
voluntariamente de obtener la respuesta, y no siguieron en ningún caso el camino
reglamentario, que deliberadamente eludieron, dando lugar a la difusión
contraria a la disciplina y dejando de cumplir las obligaciones reglamentarias
que le estaban impuestas, por lo que ciertamente cometieron la falta, que fue
adecuadamente reprochada por las Autoridades Judiciales Militares, y, en
concreto, con carácter definitivo, por la resolución del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
4. Todo lo expuesto conduce a la conclusión de entender que no existió en el
caso juzgado una manifestación de la libertad de ideas, pensamiento o de
expresión que estuviera constitucionalmente permitida, al hallarse debidamente
limitada a los militares recurrentes, según se ha argumentado, por lo que la
demanda de amparo resulta inadmisible, al carecer manifiestamente de contenido
constitucional que exija una decisión, de fondo, por parte de este Tribunal,
según el art. 50.2 b) de la LOTC.
FALLO:
La Sala Primera acordó:
La inadmisión a trámite de la demanda formulada por el Procurador don Luis
Piñeira de la Sierra, en representación de don Rogelio González Andrada, y el
archivo de las actuaciones de referencia.
Madrid, a treinta de julio de mil novecientos ochenta y tres.