Sentencia 75/1982, de 13 de diciembre

Se pone en duda la competencia de la jurisdicción militar para conocer de las actuaciones iniciales por querella de la recurrente por presunto delito de tortura por miembros de la Guardia Civil en dependencias militares (caso relacionado con el terrorismo etarra). El Tribunal analiza de forma restrictiva el ámbito de la jurisdicción militar y señala que la mera circunstancia del lugar donde se cometieron los presuntos delitos no resulta suficiente para atribuir la causa a la jurisdicción castrense, sino que hubiera sido preciso justificar también por qué se entendía que aquella causa afectaba al buen régimen de los ejércitos a que esta jurisdicción atiende.

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