STC 22/82
STC 22/1982, de 12 de mayo
Capitán auxiliar sancionado tres meses por negarse a firmar la “Hoja de
Calificaciones” con la que no estaba de acuerdo. Ante dicha sanción se presentó
recurso en la Sala Contencioso-Administrativo (civil), siendo que este órgano
estimo que no era competente en materia de derecho disciplinario militar,
señalando la posibilidad de la vía de amparo. El Tribunal, tras reconocer que en
el proceso disciplinario militar se deben respetar las garantías
constitucionales. Ahora bien, los recursos frente a las medidas disciplinarias
deben quedar en el ámbito de la jurisdicción militar, por lo cual no se concede
el amparo por cuanto la jurisdicción administrativa civil no admitiese su
recurso.
TIPO: SENTENCIA
REFERENCIA-NUMERO:22/1982
FECHA-APROBACION:12-05-1982
PUBLICACION-BOE:9-06-1982 [“BOE” núm. 137]
SALA: Sala Segunda: Excmos. Sres. Arozamena, Rubio, Díez-Picazo, Tom s y Truyol.
NUMERO-REGISTRO:383/1981
PONENTE: don Luis Díez-Picazo
RECURSO-TIPO: Recurso de amparo.
EXTRACTO:
1. No hay verdadera vulneración constitucional del art. 24 de la C. E. por el
hecho de que el proceso no haya conducido al resultado que el litigante
esperaba, y no la hay tampoco por el hecho de que en el proceso no se hayan
aplicado las normas procesales pretendidas por el litigante.
2. El control jurisdiccional de actos que pertenecen al ámbito castrense puede
mantenerse, de acuerdo con el art. 117.5 de la C. E., dentro de la jurisdicción
militar y quedar excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa.
3. La distinción, dentro del Derecho militar, entre Derecho penal y Derecho
disciplinario no tiene, a efectos constitucionales, especial trascendencia. En
un proceso que pueda conducir a la privación de libertad, cualquiera que sea la
naturaleza que se quiera dar al procedimiento, deben asegurarse las garantías
que reconoce el art. 24 de la C. E.
DISPOSICION-CITADA:
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.
Artículo 106.1.
Artículo 117.5.
Artículo 24.
MATERIAS:
Control jurisdiccional
Jurisdicción militar.
Derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales
Contenido del derecho.
Jurisdicción militar.
Derecho penal
Régimen disciplinario: distinción y garantías constitucionales aplicables.
Garantías procesales
Régimen disciplinario militar.
Jurisdicción contencioso-administrativa
Control jurisdiccional de la jurisdicción militar.
Jurisdicción militar
Control jurisdiccional.
Derecho penal y régimen disciplinario: distinción y garantías procesales
aplicables.
Régimen disciplinario militar
Garantías procesales.
PREAMBULO:
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Jerónimo
Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco Rubio Llorente, don Luis
Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente y don Antonio Truyol
Serra, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo promovido por el Procurador de los Tribunales don Santos
de Gandarillas Carmona, en nombre de don Carlos Cabañas Vicente, contra el Auto
dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial
de Valencia, en el recurso interpuesto por dicho señor contra el Decreto
auditoriado del Capitán General de la Tercera Región Militar por el que se le
impuso un arresto.
En el recurso de amparo han sido parte el Abogado del Estado y el Fiscal General
del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Luís Díez-Picazo.
ANTECEDENTES:
I. Antecedentes
1. El día 1 de marzo de 1979, el Comandante Jefe del Batallón, en que estaba
destinado el recurrente, que es Capitán Auxiliar, dio a conocer a este último la
Hoja de Calificación Anual, en la cual se encontraban las calificaciones que el
Comandante había aplicado al Teniente Cabañas. Este último firmó el “enterado”,
tomó nota de las susodichas calificaciones y verbalmente manifestó que era su
propósito impugnarlas.
La Hoja de Calificación Anual carecía en aquel momento del reglamentario parecer
del Inspector. Advertido el defecto, el Comandante Jefe del Batallón el
siguiente día 2 de marzo comunicó al Teniente Cabañas que quedaba anulada la
Hoja por carecer de validez. Una vez subsanado el defecto, remitió el Comandante
al Capitán otra Hoja requiriéndole para que la firmara y la devolviera en el
plazo m s breve posible. La remisión se efectuó el 26 de marzo de 1979 y el día
30 el Comandante reiteró el requerimiento, ordenando que la Hoja con la firma
fuese cumplimentada en el plazo de veinticuatro horas. En ese momento, don
Carlos Cabañas Vicente manifestó por escrito que había firmado ya la Hoja de
Calificación el día 1 de marzo. Persistió después en su comportamiento de
abstenerse de firmar la Hoja y dio ello origen a la formación de un expediente,
en el cual el Juez instructor le requirió para que manifestara si estaba o no
dispuesto a estampar la firma pendiente, a lo que el requerido contestó que
ratificaría su firma si se le presentaba el original firmado o una copia del
mismo.
En el expediente emitió el preceptivo dictamen el auditor, con fecha 3 de
octubre de 1980, estimando que procedía imponer al Capitán Auxiliar don Carlos
Cabañas Vicente, en concepto de autor de una falta grave consistente en “dejar
de cumplir sus deberes militares”, el correctivo de tres meses de arresto
militar, con la sanción complementaria de pérdida de tal tiempo para el servicio
y la antigüedad.
2. El Capitán General de la Tercera Región Militar, en 15 de octubre de 1980,
decidió de conformidad con el dictamen del auditor y por los mismos fundamentos
de éste, imponer el correctivo de tres meses de arresto con las consecuencias
indicadas.
3. Don Carlos Cabañas Vicente, representado por el Procurador de los Tribunales
don Carlos Navarro Canuto y asistido por un Abogado, interpuso recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia, puntualizando que recurría contra la
Resolución del Capitán de la Tercera Región Militar, recaída en virtud del
Decreto auditoriado, por la que se le imponía el correctivo de tres meses de
arresto militar.
Por providencia de 11 de septiembre de 1981, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia tuvo por
interpuesto el recurso, mandó anunciar la interposición del mismo y reclamar el
expediente administrativo.
Por oficio de 24 de septiembre de 1981 el Capitán General de la Tercera Región
Militar remitió al Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo un
testimonio literal del Dictamen del Auditor y del Decreto de 15 de octubre de
1980, por el que impuso el correctivo por falta grave a don Carlos Cabañas
Vicente. Acompañó también un testimonio literal del Auto de la Sala del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 27 de marzo de 1981, que denegó el recurso de
queja intentado por el Capitán Cabañas.
En el oficio de 24 de septiembre de 1981 decía además el Capitán General que “no
le remito el expediente administrativo que reclama en su escrito, toda vez que
como se reconoce en el oficio de requerimiento la resolución impugnada fue
dictada en expediente judicial, por lo que se trata única y manifiestamente de
materia de índole penal y, por lo tanto, no corresponde entender a la
jurisdicción contencioso-administrativa conforme al art. 2 a) de la Ley
Jurisdiccional de 27 de diciembre de 1956”.
En providencia de 6 de octubre de 1981 la Audiencia de Valencia acordó oír al
recurrente y al Abogado del Estado acerca de si el acto impugnado correspondía o
no a la jurisdicción contencioso-administrativa. Evacuó el trámite el Abogado
del Estado manifestando que el acto impugnado no está sujeto a la revisión de la
jurisdicción contencioso-administrativa en virtud del art. 2 a); que se trata de
una resolución de la autoridad judicial por la que se impone una sanción de
índole penal; y que tal resolución había sido confirmada por la Sala de Justicia
del Consejo Supremo de Justicia Militar. Señalaba igualmente el Abogado del
Estado que el recurrente al interponer el recurso de casación había basado la
competencia en el art. 24 de la Constitución y en la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 15 de junio de 1981 (“Boletín Oficial del Estado” de 7 de
julio).
4. La Audiencia Territorial de Valencia dictó Auto en 27 de octubre de 1981. En
la parte dispositiva de este Auto declaró su falta de jurisdicción para el
conocimiento del recurso, añadiendo que lo hacía “sin perjuicio de las vías de
amparo señaladas en el último considerando”.
En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de
Valencia dijo que “aun cuando debía rechazarse el carácter penal de los actos
impugnados en el recurso -habida cuenta de que la vía judicial a que alude el
art. 1.003 del Código de Justicia Militar y que se concreta en el expediente del
mismo carácter regulada en el art. 1.004, no se corresponde con el concepto de
procedimiento judicial, que profesa el art 207 del propio Código, tal y como
entendió el fundamento jurídico séptimo de la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 15 de junio de 1981- y por consiguiente debe no tenerse por
excluida, en principio y por dicho argumento, la competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa, es lo cierto, sin embargo, que en materia de Derecho
disciplinario militar, la vía de revisión de la legalidad de los actos en que se
concreta es la particularmente establecida, dadas las peculiares características
de la organización y función militar, en el mismo Código anteriormente
mencionado, al que, por consiguiente, ha de entenderse referido el derecho a
recurrir por las resoluciones que les afectan y consideran contrarias a derecho,
que reconoce a los militares el art. 200 de las Reales Ordenanzas aprobadas por
Ley de 28 de diciembre de 1978; y buena prueba de que es así lo constituye el
hecho de que en la Sentencia, acabada de invocar, del Tribunal Constitucional,
se la considerase como la adecuada para poder ejercitar el recurso de amparo,
según exigen los arts. 43 y 44 de la Ley Orgánica de 3 de octubre de 1979”.
Añadió la Audiencia de Valencia que “constatada la intervención y decisión de la
Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, en virtud de Auto de
17 de marzo de 1981, con apoyo en lo establecido en el art. 50 de la Ley de 27
de diciembre de 1956 procede declarar la falta de jurisdicción de esta Sala para
conocer del presente recurso sin perjuicio del recurso de amparo que, en su
caso, puede interponer quien aquí recurre ante el Tribunal Constitucional y del
que también resultara procedente contra esta Resolución en los términos previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 44 de la Ley Orgánica de
referencia”.
5. El Auto de la Audiencia de Valencia de 27 de octubre de 1981 fue notificado a
la representación de don Carlos Cabañas Vicente el siguiente día 28 y el 16 de
noviembre de 1981 el Secretario puso una diligencia haciendo constar que no se
había presentado escrito alguno interponiendo recurso, por lo que la Sala el día
17 de noviembre declaró firme el Auto.
Ese mismo día 17 de noviembre de 1981 el Procurador de los Tribunales don Santos
de Gandarillas Carmona, en representación de don Carlos Cabañas Vicente,
interpuso ante este Tribunal recurso de amparo.
El recurso se fundó en las siguientes consideraciones:
a) La Sentencia de la Sala primera de este Tribunal de 15 de junio de 1981
dictada, en el recurso de amparo 92/1980, sienta la doctrina de que las faltas
militares graves y sus correcciones no forman parte en el Código de Justicia
Militar del Derecho Penal, sino del régimen disciplinario. Por tanto, excluida
del Derecho Penal la sanción impuesta, la cuestión a dilucidar es la posibilidad
de revisión de la sanción en la vía contencioso-administrativa.
b) A la resolución del Capitán General en que se impone sanción disciplinaria al
recurrente y a su posterior confirmación por Auto del Consejo Supremo de
Justicia Militar, se les dio por la autoridad y por el Consejo Supremo un
carácter penal que no tenía, ya que su verdadero carácter es el disciplinario.
Sentado esto, sólo queda por ver si a cada Juez o Tribunal corresponde ejercer
la tutela efectiva de los derechos del perjudicado, para que en ningún caso se
produzca indefensión y por ente violación del art. 24.1 de la Constitución.
c) El recurrente entiende que la tutela efectiva de sus derechos e intereses,
excluida la competencia de carácter penal, por no ser penal, sino disciplinaria
la sanción impuesta, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y
en este caso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de
Valencia, por lo que, al declarar esta última su falta de jurisdicción produce
la indefensión del compareciente y por ende vulnera el art. 24.1 de la
Constitución.
6. El Fiscal General del Estado, en sus alegaciones, manifiesta que la tesis del
demandante es el resultado de una simplificación y transposición inaceptable de
elementos singulares diferenciados, con unas conclusiones nada coherentes con
las premisas básicas. En efecto, el demandante establece un proceso
lógico-jurídico con la siguiente concatenación: la sanción impuesta por el
Capitán General de la Tercera Región Militar (y confirmada por el Consejo
Supremo de Justicia Militar) no tiene carácter penal, sino disciplinario; la
naturaleza disciplinaria de la sanción conlleva su impugnación (para la “tutela
efectiva de los derechos o intereses del perjudicado”) ante la jurisdicción
contencioso-administrativa; la declaración de falta de jurisdicción por parte de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Valencia, produce la indefensión del recurrente y, por ende, se vulnera el art.
24.1 de la Constitución.
Siguiendo el mismo orden expositivo, establece el Fiscal las siguientes
afirmaciones:
a) Nada hay que objetar a la naturaleza disciplinaria -y no “penal”-, de la
corrección impuesta al señor Cabañas Vicente. La referencia hecha a la Sentencia
de este Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1981, nos excusa de
concreciones o matizaciones, cumplidamente suplidas por la profundidad
conceptual y precisión expositiva de la referida resolución.
b) La primera “desviación” verificable en el razonamiento de la demanda
-arrancando de la diferenciación entre “expediente judicial” y “proceso
judicial”- es la distorsión dialéctica que se realiza al asimilar las
resoluciones producidas en los citados expedientes judiciales a los “actos de la
Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”, que como se sabe
constituye el marco institucional de actuación de la jurisdicción
contencioso-administrativa (art. 11 de la L. J. C. A.).
Según el Fiscal General del Estado, las normas del ordenamiento y la exégesis
efectuada por este Tribunal permiten la deducción de una especificidad de
naturaleza del Derecho disciplinario militar, que se enmarca en el ámbito
militar en la subordinación jerárquica y en el hecho de que la disciplina
constituye valor primordial. Por ello, el procedimiento de carácter
disciplinario no puede, por su propia naturaleza, quedar sometido a las
garantías procesales generalmente reconocidas para los procesos judiciales.
No cabe desconocer, sin embargo, que los derechos fundamentales, responden a un
sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la
Declaración Universal y a los diversos Convenios internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por España... Por eso, una vez aprobada la Constitución, el
régimen disciplinario militar ha de incorporar este sistema de valores de modo
que el derecho de defensa no se convierta en una mera formalidad produciéndose,
en definitiva, indefensión.
Las faltas militares graves y sus correcciones no forman parte en el Código de
Justicia Militar del Derecho Penal, sino del régimen disciplinario. Así se
reconoce expresamente en la reserva contenida en el Instrumento de Ratificación
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.
Dicho instrumento de ratificación cursado por el Gobierno español (“Boletín
Oficial del Estado” del 10 de octubre de 1979) consigna que España se reserva la
aplicación de los arts. 5 y 6 en la medida en que fueran compatibles con las
disposiciones que en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas se contienen en... el Código de Justicia Militar.
El Código de Justicia Militar, cuyo texto fue sometido a revisión en congruencia
con los principios inspiradores de la Constitución mediante Ley Orgánica 9/1980,
de 6 de noviembre, atribuye competencia a la Jurisdicción Militar -junto a otros
supuestos-, para conocer de las faltas comprendidas en dicho Código (art. 7.1),
entre las cuales se encuentra la que fue objeto de procedimiento contra el
demandante, subsumida en el art. 437, núm. 1 del referido Cuerpo legal. Esta
atribución de competencia tiene su legitimación en la Constitución, en cuanto
proclama que “la Ley regular el ejercicio de la jurisdicción militar en el
ámbito estrictamente castrense de acuerdo con los principios de la Constitución”
(art. 117.5).
La acomodación a los principios de la Constitución que el texto fundamental
proclama, ha tenido plasmación explícita en la Sentencia de 15 de junio, la
cual, frente a la tesis del Consejo Supremo de Justicia Militar (que ha recogido
en el Auto del que deriva este recurso), incardinada a la literalidad del texto
del art. 1.004 del Código Castrense, declara sin rodeos la aplicabilidad del
art. 24 de la Constitución respecto a la posible impugnación de las resoluciones
dictadas en los expedientes judiciales.
Sin embargo, una cosa es la flexible ampliación de las garantías procesales
ordinarias hasta el límite permitido por la especificidad de la organización
castrense y otra, muy distinta, es la pretensión de “desaforar” asuntos
claramente atribuidos a la jurisdicción militar para someterlos sin base legal a
la revisión de los órganos de la jurisdicción ordinaria.
A juicio del Fiscal, sería paradójico -y arbitrario- que un arca de la
jurisdicción de excepción tan consustancial con los fundamentos del orden
jerárquico militar, que por eso mismo requirió una reserva cautelar expresa en
la ratificación del Convenio de Roma, en el marco optativo de nuestra
Constitución, pudiera ser ahora desnaturalizada, por obra de una interpretación
voluntarista y formal, sin fundamento legal ni lógico.
c) La declaración de “falta de jurisdicción” contenida en el Auto de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, no
vulnera ninguna de las garantías del art 24 de la Constitución. Por el
contrario, la Sala ajusta su potestad jurisdiccional a los límites del principio
de legalidad, al que está sujeta por imperio del art. 9 de la Norma Fundamental.
Señalar, como hace la Sentencia de 15 de junio, ya repetida, que “la vía
judicial, a que alude el art. 1.003 del Código de Justicia Militar no se
corresponde con el concepto de procedimiento judicial al que alude el art. 207
del mismo Código”, no permite una retorsión de tanta trascendencia -en opinión
del Fiscal- como la que significa su asimilación a los “actos sujetos al Derecho
Administrativo” susceptibles de revisión ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Sobre la naturaleza jurídica de los “expedientes judiciales” del Código de
Justicia Militar y de los actos resolutivos de los mismos pueden construirse
teorías diversas, de las cuales hay una que anticipadamente estima el Fiscal
inviable: la que conduzca a la asimilación de “expediente judicial” con
procedimiento administrativo, de “Auto judicial” o “decreto auditoriado” con
“acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo” y “Autoridad Judicial”
con “Administración Pública””, único medio para que tuviese acogida la
pretensión del demandante de someter su caso a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Señala, finalmente, el Fiscal que la tesis de la falta de jurisdicción en la vía
contencioso-administrativa no cierra el camino para que el demandante pueda
defender sus derechos fundamentales supuestamente violados, como lo proclama
expresamente el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. Y
el proceso de amparo ha quedado circunscrito al debate sobre aspectos puramente
procesales y de competencia -sin aludir al tema de fondo de los hechos del
procedimiento judicial militar determinantes de la corrección al imputado-,
porque el demandante, en ejercicio de sus legítimos derechos de defensa, ha
optado por contraer su pretensión de amparo a los estrictos presupuestos
constitucionales y procesales del derecho de recurso ante la jurisdicción
ordinaria contencioso-administrativa.
7. El Abogado del Estado, en sus alegaciones, señala que la tesis del demandante
es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Valencia, el
declarar su falta de jurisdicción, produjo la indefensión del compareciente y
que por ende se vulneró el art. 24 de la Constitución.
El Abogado del Estado considera defectuosa la posición procesal del demandante
por el incumplimiento de requisitos procesales insubsanables y para ese objeto
conviene, a su juicio, establecer dos hipótesis muy simples, que se pueden
construir a partir de los elementos manejados en el contencioso-administrativo
seguido ante la Audiencia Territorial de Valencia y en la demanda de amparo: a)
que el recurso de queja ante la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia
Militar tiene virtualidad para agotar la vía judicial, y b) que por tratarse de
una sanción disciplinaria, su impugnación puede hacerse, una vez terminada la
vía procesal castrense, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Abogado del Estado no da el mismo valor a ambas hipótesis y entiende que en
la Sentencia de este Tribunal de 15 de junio de 1981, invocada por el demandante
hay elementos suficientes para considerar correcta la primera hipótesis. No
cree, sin embargo, indispensable profundizar m s en este punto, dado que lo que
le importa es mostrar los defectos procesales y ello es m s claro si se
contemplan las dos posibilidades enunciadas como hipótesis.
Dice el Abogado del Estado que según la demanda, la violación del derecho
fundamental susceptible de amparo constitucional tiene su origen inmediato y
directo en el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, o
sea, en un acto de un órgano judicial. El art 44 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional condiciona el recurso de amparo en tales casos a que se hayan
agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial y este
requisito no ha sido cumplido en el presente caso, como se deduce nítidamente de
la lectura del art. 62 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No habiéndose interpuesto por el recurrente en amparo recurso de súplica contra
el Auto de la Sala de Valencia, es evidente que se ha infringido lo dispuesto en
el art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que, por ende,
procede, desde esta hipótesis, declarar la inadmisibilidad del recurso.
El defecto procesal es igualmente notorio en la primera hipótesis. La resolución
impugnable sería el Decreto sancionador de la Autoridad Militar, y el plazo de
interposición del recurso de amparo empezaría a contar desde el día siguiente a
la notificación del Auto de la Sala de justicia del Consejo Supremo de justicia
Militar, de 16 de marzo de 1981. No consta en los Autos -o no ha visto esta
representación la fecha de la notificación, aunque sin duda la notificación
estaba hecha al presentar el recurso contencioso-administrativo, y por tanto ha
transcurrido con creces el plazo de veinte días de interposición del recurso de
amparo dado por el art. 43.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
FUNDAMENTOS:
II. Fundamentos jurídicos
1. El art. 24 de la Constitución, según pone de manifiesto su propio tenor
literal, consagra el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela de los
órganos jurisdiccionales del Estado, que el precepto referido llama tutela
efectiva de Jueces y Magistrados, pero que, en definitiva, se concreta en el
derecho de que, para el sostenimiento de los legítimos intereses se abra y
sustancie un proceso y un proceso en el que se cumpla y observen las garantías
que el propio precepto enumeró. Este derecho, derecho al debido proceso legal,
no atribuye, como este Tribunal ha tenido ocasión de decir ya en un gran número
de ocasiones, el derecho a obtener la satisfacción de la pretensión sustantiva o
de fondo que en el proceso se deduce y tampoco comprende un derecho a que en el
proceso se observen todos los trámites (incidentes, recursos, etc.), que el
litigante desea, ya que, lo que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos
es el proceso y las garantías procesales constitucionalizadas.
Por las razones antedichas puede decirse que no hay verdadera vulneración
constitucional, ni violación del art. 24 de la Constitución, por el hecho de que
el proceso no haya conducido al resultado que el litigante esperaba y no la hay
tampoco por el hecho de que en el proceso no se hayan aplicado las normas
procesales pretendidas por el litigante, siempre que esta falta de aplicación no
roce con las garantías constitucionales.
En el presente asunto se ha esgrimido profusamente la distinción, que, dentro
del Derecho Militar, se puede establecer entre el Derecho Penal y el Derecho
disciplinario. Reconocimiento de garantías en proceso disciplinario
Y así, mientras el Capitán General de la Tercera Región Militar, al contestar a
la Audiencia Territorial de Valencia, calificaba el asunto como penal, el
recurrente y la referida Audiencia lo han calificado como de carácter
disciplinario, para extraer la conclusión, la primera que no pertenece a la
órbita de su jurisdicción y el segundo que la tutela efectiva de sus derechos
correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, en
nuestro caso la distinción no es decisiva, porque lo cierto es que si el asunto
pertenece al campo del Derecho Penal, el acusado o encausado tiene derecho a un
proceso en el que intervienen los órganos de la jurisdicción militar, que han de
ajustarse en todo momento en sus actuaciones a los principios, reglas y normas
de la Constitución, de obvia aplicación preferente respecto de las Leyes
ordinarias y del Código de Justicia Militar, y en el que deben otorgarse al
encausado las garantías procesales que el art 24 reconoce. Y si corresponde al
ámbito del Derecho disciplinario, cuando la aplicación de las normas de
disciplina, puede conducir a un tipo de privación de libertad, como la del
presente caso, cualquiera que sea la naturaleza que se quiera dar al
procedimiento en virtud del cual la sanción disciplinaria se imponga, no resulta
menos claro que el eventual sujeto pasivo de la sanción de privación de libertad
tiene el derecho a interponer los oportunos recursos y en ellos el derecho de
defensa, el de ser presumido inocente y el de utilizar todos los medios de
prueba pertinentes y en general todas las garantías que reconoce el art. 24 de
la Constitución.
3. Del examen de los antecedentes, que hemos tenido a la vista, se desprende que
el demandante del amparo, a quien le fue impuesta una sanción disciplinaria en
virtud de un Decreto del Capitán General de la Tercera Región Militar adoptada
por esta autoridad previo dictamen de su auditor, elevó después su asunto al
Consejo Supremo de Justicia Militar, al que ascendió por la vía de un recurso de
queja.
Como quiera que los hechos que han dado origen a este asunto pertenecen a un
ámbito estrictamente castrense, el control jurisdiccional de actos como el que
es objeto de este recurso, exigido por el art. 106.1 de la Constitución, puede
mantenerse de acuerdo con el art. 117.5 de la misma, dentro de la jurisdicción
militar y queda excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo anterior significa que no podemos otorgar a don Carlos Cabañas Vicente el
amparo que nos pide, por el hecho de que la Audiencia Territorial de Valencia
haya declinado jurisdicción para conocer del asunto que le proponía, como
Tribunal Contencioso-Administrativo, pues la Audiencia Territorial de Valencia
actuó acertadamente, al entender que el conocimiento del asunto pertenecía, en
aplicación de las Leyes ordinarias, a la jurisdicción militar. Y conociendo esta
jurisdicción, al amparo de lo dispuesto en el art. 117.5 de la Constitución,
debemos estimar que el derecho a la tutela jurisdiccional que consagra el art.
24 de la Constitución ha quedado satisfecho.
Otra cosa distinta sería si el agravio que ante este Tribunal se formulara
tuviera su base en la falta de observancia del derecho a las garantías
procesales, en los términos que han quedado expuestos en los apartados
anteriores. Sin embargo, en el presente caso, don Carlos Cabañas Vicente, en su
recurso de amparo, no nos ha planteado ningún problema de este tipo, pues,
aunque en el recurso de queja que propuso ante el Consejo Supremo de Justicia
Militar alegó la falta de práctica de alguna prueba solicitada por él, este tema
no ha sido después reiterado ante nosotros, pues su recurso de amparo, como ya
hemos dicho, se ha fundado exclusivamente en la declaración por la Audiencia
Territorial de Valencia de su falta de jurisdicción como Tribunal de Orden
Contencioso-Administrativo.
FALLO:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que
le confiere la Constitución de la Nación española
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Cabañas Vicente en
solicitud de una declaración de nulidad del Auto dictado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dada en Madrid, a doce de mayo de mil novecientos ochenta y dos.