ATC 179/87
ATC 179/1987, de 8 de febrero
Teniente Coronel de la Guardia Civil, a resultas de tres condenas a ocho años
por jurisdicción civil, recurre el acto del Ministerio de Defensa por el que se
le separa del servicio en aplicación del art. 231 CJM, lo que a juicio del
recurrente implica una vulneraron los derechos reconocidos en el art. 24 y 14.
Asimismo entiende vulnerado el derecho reconocido en el art. 24. 2 CE, puesto
que, afirma,. se le negó la posibilidad del procedimiento preferente y sumario
al que hace referencia el art. 53. 2 CE. Por el contrario el TC señala que
precisamente fue la denegación de su demanda en el procedimiento preferente y
sumario reconocido en la ley 62/1978 el que le dio pie al presente recurso de
amparo. De otro lado señala que en modo alguno se justifica una posible
vulneración del principio de igualdad. Finalmente, por lo que hace referencia a
que la separación del servicio no estaba prevista en la sentencia condenatoria,
el TC no duda en señalar que se trata de un efecto legal expresamente recogido
en el art. 231 CJM que no supone que el Ministerio de Defensa le esté imponiendo
pena alguna, sino que simplemente actúa en cumplimiento de un precepto legal.
TIPO: AUTO
REFERENCIA-NUMERO:179/1987
FECHA-APROBACION:18-02-1987
SALA: Sala Primera (Sección Primera): Excmos. Sres. Tomás, Díez-Picazo y Díaz.
NUMERO-REGISTRO:902/1986
RECURSO-TIPO: Recurso de amparo.
EXTRACTO: Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: denegación de
protección en la vía previa. Derecho a un proceso con todas las garantías:
efectos de Sentencia condenatoria. Contenido constitucional de la demanda:
carencia.
DISPOSICION-CITADA:
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.
Artículo 14.
Artículo 156.1.
Artículo 24.1.
Artículo 24.2.
Ley 62/1978, de 26 de diciembre. Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona.
En general.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Artículo 43.
Disposición Transitoria Segunda.
MATERIAS:
Contenido constitucional de la demanda
Carencia.
Derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales
De negación de protección en la vía previa.
Derecho a un proceso con todas las garantías
Efectos de Sentencia condenatoria.
PREAMBULO:
La Sección ha examinado el recurso de amparo interpuesto por don Carlos Castillo
Quero.
ANTECEDENTES:
I. Antecedentes
1. El día 31 de junio de 1986 se registró en este Tribunal un escrito mediante
el cual don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, interpuso
recurso de amparo constitucional en nombre de su poderdante, don Carlos Castillo
Quero, contra la Orden del Ministerio de Defensa de 24 de octubre de 1985, así
como contra los Autos de 23 de abril y de 7 de junio de 1986, dictados por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo.
2. Los hechos que se exponen en la demanda de amparo y que resultan relevantes
en este procedimiento pueden resumirse como sigue:
a) En el “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa” núm. 183, de 25 de octubre
de 1985, se publicó la Orden 180/26084/1985, de 24 de octubre, en cuya virtud se
procedió “a la aplicación del efecto de separación del servicio al Teniente
Coronel del Cuerpo de la Guardia Civil don Carlos Castillo Quero, produciéndose
su baja en el expresado Cuerpo (...)”, a resultas -según la misma Orden- de la
condena impuesta por Sentencia firme de 30 de julio de 1982 de la Audiencia
Provincial de Almería y en virtud de lo prevenido en el art. 231 del Código de
Justicia Militar, todo ello de conformidad con el informe del Pleno del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 24 de octubre de 1985.
b) Contra la anterior Orden interpuso la representación del hoy demandante
recurso contencioso-administrativo, manifestando ejercer la acción regulada en
los arts. 5 y siguientes de la Ley 62/1978, de 25 de diciembre, de Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. En el escrito de interposición del
recurso se decían por el actor conculcados sus derechos fundamentales
reconocidos en los arts. 14 y 24.2 de la Constitución. Admitido a trámite el
recurso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras
la preceptiva audiencia a las partes comparecidas, se inhibió del conocimiento
del asunto por entender que, al haber sido dictada la Orden impugnada previo
informe del Consejo Superior de Justicia Militar, correspondía el conocimiento
de la impugnación al Tribunal Supremo.
c) La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Auto, con fecha 23 de abril de
1986, mediante el que aceptaba su competencia para conocer del asunto,
declarando “la improcedencia del trámite de la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre,
para ventilar la pretensión ejercitada en el recurso, cuyo cauce procesal
adecuado es el contencioso-administrativo de la Ley reguladora de la
Jurisdicción y al efecto de su posible interposición, conceder al recurrente un
plazo de treinta días para que pueda agotar la vía administrativa previa,
contado a partir de la notificación de este Auto”.
d) Contra esta resolución interpuso la representación actora recurso de súplica,
desestimado mediante Auto del mismo Tribunal de fecha 7 de junio de 1986.
3. La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo es, en síntesis, la
siguiente:
a) Considera el recurrente que la resolución de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en la que se declaró inviable, en el caso, el cauce
contencioso-administrativo especial regulado por la Ley 62/1978 conculcó su
derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la Constitución, al privarle
del procedimiento preferente y sumario. previsto en el art. 53.2 de la Norma
fundamental.
b) De otra parte, se afirma recurrir “a la protección en sede constitucional de
los derechos y libertades fundamentales violadas por el Ministro de Defensa por
Orden 180/26084/1985, al separar a don Carlos Castillo Quero del Cuerpo de la
Guardia Civil” y a tal efecto dice que de los dos reproches en su día
articulados ante la jurisdicción ordinaria al atacar dicho acto (discriminación
y conculcación de los derechos declarados en el art. 24.2 de la Constitución),
el primero de ellos (la supuesta conculcación de la regla recogida en el art. 14
de la Constitución) “ha perdido sentido a partir del 1 de junio de 1986”, esto
es, desde que entró en vigor la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del
Código Penal Militar, pues este texto legal derogó el Tratado II (“Leyes
Penales”) del Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945, en donde se
contenía el art. 231, cuya aplicación ahora se controvierte.
Afirma, a continuación, que “el art. 231 encontraba su asiento en el Tratado de
Leyes Penales, y no en los tratados orgánicos y procesales de dicho Código”, de
tal modo que aquel precepto “no atribuye potestades de ninguna clase a la
autoridad administrativa”. Por ello, el Ministerio de Defensa, mediante la
repetida Orden, vino a aplicar una “pena accesoria” que no se contenía en la
Sentencia de 30 de julio de 1982.
d) Lo anterior supondría que se habría violado el derecho del actor a la defensa
y a ser informado de la acusación contra él formulada (art. 24.2 de la Norma
fundamental), pues se afirma, así, que en el juicio oral de la causa 65/1981 “no
se solicitó ni por la acusación particular ni por el Ministerio Fiscal (...) la
pena accesoria de separación del servicio” y que la Sentencia finalmente dictada
“sólo lo condenó a la accesoria de suspensión para todo cargo público,
profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de las condenas de
privación de libertad. Tampoco la Sentencia posterior dictada en casación por el
Tribunal Supremo (de fecha 16 de mayo de 1983) “incluyó la pena accesoria de
separación del servicio”. Por todo ello, “ha sido anómalo -y en todo caso
contrario al precepto constitucional citado- que el Ministro del Ejército a
procedimiento conocido alguno y simplemente con el apoyo del Consejo Supremo de
Justicia Militar (...) le haya separado del servicio”.
La omisión de una pena en Sentencia condenatoria -se añade- es “insubsanable” y
“no puede ser salvada por una decisión administrativa”, ya que la aplicación de
las penas es cometido específico de los Tribunales, y el art. 231 del Código de
Justicia Militar no faculta a la Administración para imponer la pena accesoria
de separación del servicio, sino que hace una declaración de tipo general en el
Tratado segundo, de Leyes Penales, para que sea aplicada por los Tribunales”.
e) Por lo demás, el art. 896 del Código de Justicia Militar no autorizaría a
decretar “la baja de los militares por Decreto u Orden Ministerial”, porque este
precepto lo que no puede hacer es amparar un Decreto u Orden Ministerial dictado
sin que en la Sentencia judicial se haya impuesto la separación del servicio. El
derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2) -se concluye- no
se circunscribe el aspecto de la competencia funcional o territorial del Juez,
sino que comprende también “la competencia jurisdiccional, que es cometido
específico de los Jueces y Tribunales, y que impide que en las funciones
judiciales se inmiscuya la Administración.”.
Se suplica se declare la nulidad de la Orden Ministerial impugnada (“con todos
los efectos, incluidos los retroactivos derivados de dicha nulidad”) y que
-”subsidiaria y alternativamente, para el caso de no acceder a lo anterior”- se
haga idéntico pronunciamiento respecto del Auto de 23 de abril de 1986, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, disponiéndose, en tal caso, la retroacción de
las actuaciones “para que continúe la tramitación del recurso por el tr mite de
la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre”.
4. La Sección acordó el 29 de octubre poner de manifiesto la posible existencia
de la causa de inadmisibilidad del art. 50.2 b) de la LOTC.
El demandante presentó sus alegaciones el 12 de noviembre, solicitando la
admisión a trámite del recurso en base a razonamientos que, en esencia, son
reproducción de los expuestos en la demanda.
El Ministerio Fiscal solicitó la inadmisión propuesta, alegando en su
fundamento, sustancialmente, que la inadmisión, por inadecuado, del recurso
contencioso-administrativo especial de la Ley 62/ 1978, pone fin a la vía
judicial y deja libre el camino del amparo, porque está proclamando que los
derechos invocados no han sido vulnerados y, en su consecuencia, no es
apreciable en dicha inadmisión quebrantamiento del derecho a la tutela judicial
efectiva del art. 24.1 de la Constitución. En relación con las vulneraciones
imputadas a la Orden Ministerial de separación debe igualmente considerarse que
no se han producido, porque no es término adecuado de comparación el que en
otros Cuerpos, como es el Superior de Policía, no esté legalmente prevista la
misma sanción de separación que para los militares establece el art. 231 del
Código de Justicia Militar y el derecho a ser informado de la acusación no puede
ser afectado por una Orden Ministerial que no enjuicia una conducta, sino que se
limita a aplicar a una ya determinada ciertos efectos previstos en la Ley.
FUNDAMENTOS:
II. Fundamentos jurídicos
1. En el presente recurso de amparo se alegan dos clases de vulneraciones
distintas: a) la del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la C.E.)
que se imputa al Auto del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1986, en virtud del
cual se declaró la improcedencia del trámite de la Ley 62/ 1978, interpuesto por
el demandante contra la Orden Ministerial de 24 de octubre de 1985 en defensa de
los derechos fundamentales que le reconocen los arts. 14 y 24.2 de la
Constitución, y b) la de estos últimos derechos que se pretende haber sido
vulnerados por la referida Orden Ministerial que acordó su separación del
servicio y baja en el Cuerpo de la Guardia Civil, en aplicación del art. 231 del
Código de Justicia Militar por haber sido condenado en Sentencia firme a tres
penas de ocho años de prisión mayor.
Procede, en su consecuencia, examinar la causa de inadmisibilidad propuesta con
la separación que impone dicho planteamiento.
2. En el marco del art. 43 de la LOTC, el recurso contencioso-administrativo
regulado por la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre, cumple la función de vía
judicial previa que le asigna el núm. 2 de la Disposición transitoria segunda de
la misma LOTC y de esa función se deriva, según han declarado las Sentencias 12/
1982, de 31 de marzo, 31/1984, de 7 de marzo, y 148/ 1986, de 25 de noviembre,
que la utilización de dicho recurso en protección de un derecho fundamental que
se considera vulnerado deja expedito el camino del recurso de amparo, cuando la
protección pretendida no se ha conseguido, siendo indiferente que la frustración
de ésta venga fundada en estimaciones procesales o pronunciamientos de fondo,
pues la vía judicial previa ha cumplido su finalidad en ambos casos, incluido el
supuesto de que la jurisdicción la haya declarado inadecuada, pues también en
este supuesto la decisión judicial est proclamando que estima inexistente la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y tal declaración es la que
abre el cauce procesal subsidiario del recurso de amparo.
Carece manifiestamente de contenido constitucional la pretensión de que dicho
acto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art.
24.1 de la Constitución, pues su negativa a conceder la protección solicitada
por el demandante es precisamente la que determina la apertura de este recurso
de amparo como medio de reparar esa negativa, si a ello hubiera lugar.
3. Igual carencia manifiesta tienen las imputaciones dirigidas contra la Orden
Ministerial recurrida.
La demanda de amparo se limita a citar el principio de igualdad del art. 14 de
la Constitución, en su fundamento jurídico-procesal segundo y, en la alegacion
segunda del escrito presentado en este trámite, señala como contenido del
presente proceso la protección “del derecho a la tutela efectiva” (art. 24.1) y
a ser informado de la acusación formulada (art. 24.2)”; la única referencia
comparativa a otros Cuerpos del Estado que motiva una alegación del Fiscal, se
encuentra en la fotocopia del escrito de interposición del recurso contencioso,
y todo ello convierte en pura formalidad la cita del mencionado art. 14,
desprovista de desarrollo y fundamentación de clase alguna en la demanda de
amparo que permita a este Tribunal conocer cu les son los motivos y fundamentos
de la vulneración del derecho a la igualdad.
La esencia del amparo dirigido a la protección de los derechos de defensa, a ser
informado de la acusación y al Juez predeterminado reconocidos en el art. 24.2
se centra en que la sanción de separación del Cuerpo que le impone la Orden
Ministerial recurrida no se contiene en la Sentencia condenatoria y ello supone
una invasión de la potestad jurisdiccional por un órgano administrativo, no
autorizada por el Código de Justicia Militar, que equivale a la imposición de
una pena con vulneración de los referidos derechos fundamentales. Tal tesis
adolece de la carencia manifiesta de contenido constitucional, que se deja m s
arriba adelantada, pues la separación del servicio est prevista en el art. 231
del Código de Justicia Militar como uno “de los efectos especiales que producen
para los militares las penas comprendidas en la Ley común”, lo cual quiere decir
que el Ministerio de Defensa no está imponiendo una pena, sino una consecuencia
que la Ley declara aparejada a una Sentencia condenatoria firme y, en tal
sentido, actúa como órgano administrativo en cumplimiento de un precepto legal
y, por tanto, no puede hablarse de proceso penal, ni por consiguiente de
vulneración de las garantías que, en relación con el mismo, establece el art.
24.2 de la Constitución.
FALLO:
En su virtud, la Sección acuerda declarar la inadmisión del presente recurso de
amparo.
Madrid, a dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y siete.